Mayor apoyo de las autoridades centrales y una reunión con el Presidente Gabriel Boric, solicitó el Alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez, en el tercer encuentro entre subsecretarios y alcaldes del Norte de Chile, AMUNOCHI, realizado en Calama, en el contexto de la creciente inseguridad que se vive en la Antofagasta y que se ha evidenciado por ejemplo, en videos de encerronas y portonazos viralizados en las últimas semanas a través de redes sociales y el aumento de rucos y tomas en los espacios públicos de la capital regional.
La primera autoridad comunal valoró los avances en inversión y propuestas logradas en estas reuniones iniciadas en 2022, como el anuncio de modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades con las cuales se otorgarían mayores atribuciones para los Consejos Comunales de Seguridad Pública y al rol preventivo de los inspectores municipales, sin embargo, reafirmó que la situación en el norte
del país amerita una acción mayor por parte de las autoridades a nivel nacional.
“Les hemos solicitado ayuda, cooperación y por supuesto poder reunirnos en la moneda directamente con el Subsecretario Monsalve y con el Presidente de la República para plantear nuestras inquietudes, el norte está muriendo, está pasando por un momento muy complicado que tenemos que subsanar y para eso necesitamos la ayuda del gobierno central”, manifestó el alcalde Velásquez, lo que fue confirmado por la Subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilén Cabrera quién manifestó que “como gobierno nos hemos encontrado con situaciones difíciles en el caso del norte como son las ocupaciones irregulares, tomas y la migración que viene por pasos fronterizos irregulares”.
Cabe recordar que durante el pasado 2022, funcionarios municipales en el marco de un operativo de recuperación del borde costero, fueron agredidos por personas en situación de calle, por tanto el Director de Seguridad Pública del Municipio, Luis Fres, explicó que a partir de la modificación a la ley, programada para mediados de 2023, los funcionarios municipales podrán “por un lado, hacer control
de medidas cautelares y judiciales y por supuesto (tendrán) un manto de protección legal y judicial frente a las amenazas y agresiones que están sufriendo permanentemente”.